El Poder Judicial no es moneda de cambio

Por: Pamela Sandoval

El ataque al Poder Judicial no es solo una embestida contra sus integrantes; es una amenaza contra la democracia. Estamos viviendo un momento oscuro para la justicia en México. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano que debería ser el guardián de la independencia judicial, está siendo cómplice de una crisis que pone en peligro los pilares del Estado de Derecho.

Hace unos días, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresó una profunda preocupación por la forma en que se han manejado las protestas de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué es lo que reclaman? Básicamente, lo que cualquier nación con valores democráticos debería proteger: la independencia de sus jueces y magistrados, el respeto a su carrera judicial, y la garantía de un sistema que no se someta a presiones políticas o económicas.

El CJF ha optado por tomar decisiones sin escuchar a quienes están en el frente de batalla de la justicia. La reciente circular 22/2024 fue emitida sin considerar las legítimas demandas de los jueces y trabajadores. ¿Qué tipo de mensaje envía esto? Que el diálogo no importa, que la independencia judicial puede ser ignorada y que las resoluciones de los jueces no son vinculantes si resultan inconvenientes para el poder político.

Las suspensiones en los juicios de amparo promovidos contra la reforma judicial han sido vulneradas de manera preocupante. El CJF, en lugar de ser el primero en garantizar la protección de sus jueces, ha permitido que se violenten sus derechos. Las acciones del Ejecutivo y del Legislativo en este sentido solo empeoran la situación. No se trata de una pugna interna del Poder Judicial; es una cuestión de respeto a la ley. ¿Cómo vamos a pedirle a un juez que imparta justicia cuando el propio sistema no respeta sus derechos?

Y si lo anterior no fuera suficiente, ahora se solicita a los titulares de los órganos jurisdiccionales que informen qué trabajadores no acuden a laborar. Esta medida no solo es innecesaria, sino que busca sembrar discordia entre los jueces y su personal. El Poder Judicial no puede convertirse en un campo de batalla interno. Los magistrados y jueces necesitan el apoyo de sus colaboradores, no la presión de tener que delatarlos en medio de una lucha por la justicia.

La situación se agrava con la lamentable "tómbola" que se ha instaurado para decidir la remoción de jueces. Un sorteo para remover a los encargados de impartir justicia suena como una mala broma. No se puede permitir que un mecanismo tan indigno decida la suerte de quienes han dedicado su vida a la judicatura. Esta arbitrariedad no solo lesiona a los jueces y magistrados, sino que vulnera la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

El próximo 18 de octubre se llevará a cabo una consulta entre más de 1,700 juzgadores federales, que será crucial para definir el camino a seguir en esta coyuntura. Esta consulta, en lugar de una imposición unilateral, es lo que debería haber ocurrido desde el principio: un diálogo respetuoso y constructivo para proteger la independencia judicial. Pero queda claro que el CJF ha decidido no escuchar.

Es momento de que la sociedad entienda lo que está en juego. No es un simple conflicto gremial. Si el Poder Judicial pierde su independencia, todos los ciudadanos perdemos. Porque sin jueces independientes, el poder político tendrá vía libre para atropellar nuestros derechos. La justicia no puede ser una moneda de cambio. Es momento de defenderla, antes de que sea demasiado tarde.